Los ministros de Economía y Finanzas de los países miembros del G7, reunidos este miércoles y jueves en la ciudad francesa de Chantilly, han acordado establecer un marco regulatorio a criptodivisas como la Libra, moneda virtual de Facebook que el G7 se ha propuesto analizar con lupa.
La anfitriona Francia, es uno de los países más reticentes al surgimiento de este tipo de monedas y lo ha dejado claro a través de su ministro de Economía, Bruno Le Maire, quien frente a sus pares de Alemania, Canadá, Italia, Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Ha dicho “No podemos aceptar tener ninguna moneda de intercambio con el mismo tipo de poder que las soberanas. Es necesario regular, y de momento Libra no cumple los requisitos”.
Antes del evento Le Maire reveló que compartió sus preocupaciones con el secretario del Tesoro estadounidense. Steven Mnuchin, quien ha advertido del posible carácter “especulativo” de esta criptodivisa y de su potencial uso para el blanqueo de dinero. El martes, Facebook dijo que no lanzará Libra hasta que solucione todas las dudas regulatorias.
Libra, como “todas las otras monedas”, deberá “respetar las reglas de la lucha contra el lavado de dinero y de lucha antiterrorista que se imponen” a todos los tipos de pago, afirmó Le Maire.
Dichas preocupaciones por la evolución de las criptomonedas se extraen de un estudio mandado a hacer por el grupo del G7 en el que sus resultados confirman la incertidumbre que representan estas criptodivisas y el peligro que proyectan para la economía mundial.
Otro de los temas trascendentales de la reunión era sobre cómo fiscalizar a las grandes plataformas digitales. Francia buscaba un acuerdo fiscal básico internacional para luchar contra la evasión fiscal de estas multinacionales, algo similar a lo que aprobó el Parlamento francés, o la llamada “Tasa Google”. Entre las empresas afectadas se encuentran Google, Facebook y Amazon.
Sobre este punto y al término del evento los siete países más ricos del mundo llegaron a un principio de acuerdo para que las empresas de internet paguen impuestos en los países donde tengan actividad digital, aunque carezcan de presencia física, para evitar que transfieran sus beneficios a paraísos fiscales.
El acuerdo no crea una fiscalidad específica para las compañías digitales, pero pretende responder a los desafíos que plantean en términos de igualdad ante el impuesto y de erosión de las bases de recaudación.
El dispositivo no está todavía definido y se ha encargado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que tenga lista su “arquitectura” en enero, de forma que se pueda tomar una decisión definitiva antes de finales de 2020.
