El env\u00edo al Congreso Nacional del Proyecto de Presupuesto General del Estado del 2021 ha puesto de relieve las grav\u00edsimas distorsiones que arrastra nuestro modelo pol\u00edtico en materia de la correcta planificaci\u00f3n, gesti\u00f3n y control de los recursos p\u00fablicos. Pese a que desde hace a\u00f1os diferentes instituciones internacionales y locales ha identificado un conjunto de pr\u00e1cticas hist\u00f3ricas que sustentan el clientelismo, el despilfarro, la falta de transparencia y la impunidad, la sociedad dominicana est\u00e1 mostrando su preocupaci\u00f3n ante la reiteraci\u00f3n de esos errores en el Proyecto de Presupuesto del 2021.<\/p>\n
En concreto, para la Fundaci\u00f3n Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) es urgente que el Congreso Nacional revise y corrija las partidas consignadas en el Proyecto de Presupuesto bajo la denominaci\u00f3n de \u201cAdministraci\u00f3n de Contribuciones Especiales\u201d, ya que a todas luces parecen responder a las pr\u00e1cticas que hemos se\u00f1alado. Se ha establecido que las partidas presupuestarias que en los \u00faltimos a\u00f1os se han disfrazado como \u201casistencia social\u201d en realidad se han convertido en un instrumento que desvirt\u00faa la funci\u00f3n constitucional de los legisladores.<\/p>\n
Bajo el pretexto de asistir a las comunidades en tareas de salud, reparaci\u00f3n de viviendas, ayuda por defunciones y otras formas de encubrimiento, en el Presupuesto del Senado y la C\u00e1mara de Diputados se han dilapidado miles de millones de pesos en los llamados Barrilitos, Cofrecitos, dietas, exoneraciones de dos veh\u00edculos, aportes para contribuir a festividades populares, etc.<\/p>\n
Resulta preocupante que, tanto en las partidas del Senado de la Rep\u00fablica como en las de la C\u00e1mara de Diputados, reaparezcan estos conceptos sobre los cuales se esperaba una superaci\u00f3n de los mismos y que constituy\u00f3 una importante promesa electoral de candidatos y agrupaciones pol\u00edticas.<\/p>\n
En el marco de la situaci\u00f3n sanitaria, social y econ\u00f3mica que prevalece por efecto de la pandemia, aplaudimos el gesto de algunos legisladores de renunciar voluntariamente a dichos privilegios. Por esto resultar\u00eda contraproducente que desde el Congreso se respaldara una medida de esta naturaleza, destinando recursos del Estado para acciones que desnaturalizan sus funciones esenciales de representaci\u00f3n, legislaci\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n.<\/p>\n
En otro orden, tal como se ha destacado en los medios de comunicaci\u00f3n social en los \u00faltimos d\u00edas, consideramos inaceptable la pr\u00e1ctica de incluir nuevas figuras impositivas que vulneran el orden jur\u00eddico y lesionan la institucionalidad democr\u00e1tica, generando riesgos innecesarios para la seguridad jur\u00eddica del pa\u00eds y el clima de inversiones. Agravado lo anterior por el hecho de que no ha existido previamente ninguna iniciativa para propiciar un amplio consenso nacional o un di\u00e1logo formal previo.<\/p>\n
Como hemos reiterado en otras ocasiones, la Rep\u00fablica Dominicana debe abocarse a explorar, identificar, definir y aprobar soluciones viables que permitan superar los retos que ha generado la pandemica. Sin embargo, debemos estar alertas ante medidas, sugerencias, o recetas que conducen a una desnaturalizaci\u00f3n de las instituciones del Estado o las funciones p\u00fablicas.<\/p>\n
El Congreso Nacional se encuentra con una nueva oportunidad de sobreponerse a las presiones de quienes desean perpetuar un r\u00e9gimen de privilegios que es ilegal, que viola la razonabilidad de sus actos y lastima la confianza social en el Primer Poder del Estado. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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