La importancia de las cooperativas radica, de acuerdo con la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en su disposición de mejorar las condiciones de vida y trabajo de las personas en todo el mundo y de ofrecer infraestructura y servicios esenciales en áreas olvidadas por las empresas y hasta el mismo Estado.
Esas asociaciones cooperativas de ahorro y crédito también son denominadas sujetos obligados financieros en la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
El tema sale a relucir otra vez a raíz de la reunión que sostuvo el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, con directivos de la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (Airac) y la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Afines (Fencoop), en busca de alternativas para regular y supervisar a las cooperativas de ahorro y crédito abiertas, que realizan intermediación financiera, es decir, que captan depósitos de terceros y prestan a afiliados y no afiliados.
Como resultado de ese encuentro, la Junta Monetaria emitió una resolución el pasado 7 de junio de 2018, en la cual aconseja “modificar el artículo 76 de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, de fecha 21 de noviembre del 2002”.
El citado artículo establece que toda cooperativa de vínculo abierto que realice intermediación financiera conforme los términos previstos en la citada ley, se denominará cooperativa financiera de ahorro y crédito, y estará sujeta a la regulación y supervisión de la Administración Monetaria y Financiera, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Asociaciones Cooperativas sobre su naturaleza y organización.
“La Junta Monetaria establecerá los criterios y supuestos para determinar cuándo una cooperativa realiza intermediación financiera. Del mismo modo, reglamentará las actividades que les serán permitidas, atendiendo las disposiciones del literal b) del artículo 36; y a las que, en adición, les sean aplicables conforme las previsiones del artículo 45 y la sección IV del Título III de esta Ley”, continúa el texto.
Además, la Junta Monetaria establecerá un período de gradualidad para el cumplimiento de las normas prudenciales, el régimen de evaluación de activos y los demás aspectos que reglamentariamente les sean aplicables.
El Banco Central explica que la regulación por parte de la Autoridad Monetaria y Financiera permitirá a las cooperativas abiertas que realicen intermediación financiera ofrecer varios productos financieros, como tarjetas de crédito, remesas y tendrán acceso al sistema de pagos, además de permitirles un blindaje que les serviría para cumplir con la Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Contradicciones
El Banco Central estima los activos del sector en RD$117,000 millones a 2017, que representan alrededor del 7% de los activos del sistema financiero nacional, casi similar a la ponderación del 9.9% que representan las Asociaciones de Ahorros y Préstamos, superior al 3.7% de los Bancos de Ahorro y Crédito y al 0.23% de las Corporaciones de Crédito.
En tanto, las 16 cooperativas de ahorros y créditos afiliadas a la Airac suman activos por RD$55,000 millones y los restantes RD$61,000 millones corresponden a cooperativas no afiliadas.
El planteamiento de la Junta Monetaria implica que unas 30 cooperativas, incluyendo las afiliadas a la Airac, sean reguladas y supervisadas por la Autoridad Monetaria y Financiera, lo que apenas representa cerca del 3% de cooperativas que operan en el país.
El informe más reciente del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) difiere con el Banco Central y establece que el año pasado en el país habían 916 cooperativas con 1,906,534 socios y activos por RD$49,860 millones.
Según esa información, 653 de esas entidades mutualistas realizan intermediación financiera, que representan el 71.3% del total, y cuentan con 1,814,500 miembros, es decir, el 95.2% de los socios. Aunque no especifica cuántas de esas son abiertas.
Idecoop
Según el anteproyecto, elaborado con la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las cooperativas cerradas, sin importar su denominación y tipología, aun cuando realicen intermediación financiera, si sus operaciones están enmarcadas dentro del ámbito laboral, profesional, gremial o un interés común de productores, para lo cual se asocian, seguirían siendo reguladas y supervisadas por el Idecoop o una Superintendencia de Cooperativas que resultaría de la transformación y fortalecimiento del primero.
Ese organismo estará “amparado en una ley moderna, con apropiado gobierno corporativo, asignación presupuestaria que le permita contar con recursos humanos y tecnológicos para la realización eficiente de su labor, acorde a los nuevos tiempos”.
El informe del Idecoop indica que las cooperativas de trabajo, viviendas, agropecuarias y las gremiales suman 263 con 92,034 socios. Esto se debe a que no detalla cuántas de las que ofrecen servicios múltiples y ahorro y crédito son cerradas.
En medio del debate sobre el tema, el presidente y administrador del Idecoop, Julio Maríñez, aseguró durante una rueda de prensa que el gobernador del Banco Central “no está bien orientado” sobre la naturaleza social de las cooperativas y que, por esa razón, comete “un error” en su propuesta de incluirlas en la supervisión de la Junta Monetaria.
Maríñez destacó que las cooperativas no temen a ser reguladas, sino que se necesita una supervisión que tome en cuenta su naturaleza social.
“Las cooperativas no tienen propietarios individuales o de grupo. Todos sus socios son sus dueños y basta con que una persona se inscriba voluntariamente pagando 500 pesos como promedio y respete las normas establecidas, para tener derecho a un crédito rápido y oportuno”.
Mientras que el presidente del Consejo Nacional de Cooperativas, Julito Fulcar, afirmó que detrás de esa propuesta existe un plan para “matar” al sector cooperativista.
Explicó que no se oponen a ser sometidos a la regulación, pero que se debe realizar con una nueva normativa y una institución especializada, debido a que si la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria pasan a regular las cooperativas, el 80% de los asociados no tendrán acceso al crédito por la rigidez de la normativa.
“La experiencia que se ha tenido en América Latina nos evidencia que cuando se ha intentado regular a las cooperativas desde la Junta Monetaria, se produce un colapso total”, destacó.
En ese sentido, Ramón Antonio Díaz, el presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Maimón (CoopMaimón), con activos por RD$6,939.6 millones y que pertenece a la Airac, señaló que la institución que preside no es ni desea ser un banco.
Perú a la vanguardia
El Congreso de Perú aprobó la semana pasada una ley para supervisar las cooperativas de ahorro y crédito, sospechosas de ser uno de los principales instrumentos para el lavado de activos y la financiación ilegal de partidos políticos, con dinero procedente del narcotráfico, la minería y tala ilegal.
El proyecto contó con el respaldo unánime del pleno del parlamento para crear un órgano adjunto a la Superintendencia de Banca, Seguros y Agencias de Fondos de Pensiones (AFP), conocida como SBS. Las cooperativas estarán obligadas a reportar cualquier operación sospechosa, como que un cliente no sepa justificar ni probar el origen del dinero que pretende depositar.
