El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calcula que la ineficiencia del gasto público de los Gobiernos de Latinoamérica y el Caribe cuesta a las arcas de esos países hasta 220,000 millones de dólares al año, un 4.4% del PIB regional, según un estudio publicado por la organización multilateral.
Los expertos del BID encontraron que en esa región el gasto público consolidado ronda, de promedio, el 30% del PIB, casi seis puntos porcentuales más que a principios de los años 2,000.
El análisis describe que después de la crisis financiera global, muchos países latinoamericanos vieron incrementar de manera exponencial sus ingresos por la venta de materias primas y, por tanto, elevaron sus gastos en salarios en el sector público y en pensiones, desembolsos difíciles de revertir.
A pesar de que la ineficiencia es generalizada en la región, Chile y Perú tienen la mejor calidad de gasto de Latinoamérica, de acuerdo al diagnóstico del BID.
Además de la evaluación, la organización multilateral formuló varias recomendaciones de políticas sobre cómo mejorar la eficiencia del gasto gubernamental, incluyendo medidas concretas para reducir las demoras y los sobrecostes de proyectos de infraestructura, así como la corrupción.
“La buena noticia es que podemos mejorar las vidas de nuestros ciudadanos no mediante gastos más elevados sino más eficientes”, señaló en un comunicado el economista jefe del BID, Alejandro Izquierdo.
Entre otras medidas, el informe propone la adopción de reglas fiscales que vayan más allá de la sostenibilidad fiscal para la protección de las inversiones y cita formas de mejorar el manejo del gasto, desde el desarrollo de planes de servicio público hasta la auditoría de las nóminas de empleados.
En el terreno de la educación, el estudio recomienda acompañar un mayor gasto por alumno con un aumento de las medidas de rendición de cuentas para reducir la corrupción en ese sector.
En cuanto a la seguridad pública, el BID destaca que la región tiene altos niveles de delincuencia a pesar de haber aumentado sustancialmente el gasto en policía y encarcelamiento, una situación “que podría mejorar con un buen manejo de los programas de prevención del delito”, entre otros.
