Cuando los Gobiernos responden a la crisis provocada por la COVID-19, la necesidad de actuar con rapidez puede conducir a un cortocircuito en los procedimientos normales diseñados para controlar los riesgos de corrupción. Las circunstancias de la pandemia pueden dificultar aún más las tareas de supervisión tradicionales. Además, la naturaleza en sí misma de una respuesta de emergencia puede abrir nuevas vías para cometer actos de corrupción. Lo peor es que la corrupción podría causar sufrimientos innecesarios e, incluso, pérdida de vidas al desviar los escasos recursos destinados a las personas y los lugares que más los necesitan. También podría afianzar los privilegios de las élites, aumentar la desigualdad y socavar la confianza en las instituciones responsables de la rendición de cuentas.
Para ayudar a orientar a los encargados de la formulación de políticas, el equipo especializado en buen gobierno del Banco Mundial preparó una reseña sobre políticas titulada Ensuring Integrity in Governments’ Response to COVID-19 (Garantizar la integridad en la respuesta de los Gobiernos a la COVID-19) (i).
Es probable que las medidas para responder a la pandemia de COVID-19 aumenten los riesgos y los actos de corrupción relacionados con los flujos financieros ilícitos, y pueden, además, promover nuevos peligros.
Cuando los Gobiernos hacen frente a la pandemia, la primera respuesta implica esfuerzos para mitigar los impactos sanitarios. Comprar rápidamente suministros médicos y trasladarlos a los puntos previstos de prestación de servicios, asegurar un rápido despacho aduanero de los medicamentos importados y movilizar trabajadores de la salud adicionales son todas medidas que ofrecen oportunidades para actos de corrupción.
En los países en desarrollo más pobres y en entornos frágiles, los cierres de la economía pueden provocar que algunas personas pierdan sus fuentes de ingresos; también tienen un impacto directo en el suministro y la disponibilidad de alimentos. Las medidas gubernamentales que proporcionan servicios vitales —las transferencias de efectivo a las personas, la compra de alimentos y la distribución de estos a los pobres y el apoyo a entidades del sector privado formales e informales que se encuentran en dificultades— son vulnerables a la corrupción.
La adopción de poderes de excepción para enfrentar la crisis sanitaria y mantener la seguridad pública también causa inquietud. Las estrictas normas que ordenan las cuarentenas, el aislamiento y los toques de queda, y la prohibición de la actividad económica en muchos países, implican la movilización de la policía y otras autoridades para su cumplimiento. En este proceso, se producen oportunidades para los encargados de hacer cumplir la ley de buscar y recibir ingresos. Además, la adopción sin restricciones de poderes de excepción y de tecnologías de vigilancia ponen en riesgo los mecanismos de control y equilibrio institucionales, debilitando la autoridad y la independencia de las instituciones responsables de la rendición de cuentas y reduciendo el espacio ciudadano.
Reconocer los riesgos es el primer paso, y el más fácil. Elaborar enfoques para enfrentar esos riesgos sin obstaculizar la respuesta de los Gobiernos es más difícil, pero es posible.
Dada la naturaleza sin precedentes de la crisis y la necesidad de cooperación entre distintos organismos y niveles gubernamentales, los mecanismos de supervisión se podrían ver comprometidos. Esto se puede resolver especificando en cada ley u orden ejecutiva qué organismos serán responsables de la vigilancia. Del mismo modo, se puede garantizar cierta medida de rendición de cuentas ex post mediante la activación de procesos y protocolos explícitos para documentar los gastos de emergencia, incluidas las transacciones de las compras, la recepción de mercancías y suministros, y el seguimiento de la entrega de suministros que involucran a autoridades centrales y descentralizadas.
No existen excusas para una transparencia débil; de hecho, se necesita más transparencia. Los Gobiernos pueden generar confianza estableciendo normas respecto de cómo y dónde se publica la información sobre los gastos de emergencia, y cumpliendo esas normas sin excepción. Los Gobiernos deberían divulgar todas las donaciones, compras o provisiones de fondos de emergencia superiores a un monto determinado dentro de un número específico de días posteriores a la entrega o la utilización de los fondos. Se necesitan reglas claras acerca de la elegibilidad para mitigar el riesgo de que actos de corrupción desvíen la distribución de la asistencia financiera destinada a ayudar a las empresas y los individuos en dificultades.
Dado que la rapidez conduce a menores protecciones en las etapas iniciales para evitar la corrupción, los mecanismos de seguimiento y retroalimentación deben ser aún más ágiles. Puede ser útil acortar los ciclos de retroalimentación aumentando la frecuencia de las auditorías y de los exámenes de gastos.
Se necesitan mecanismos de reclamación y reparación para garantizar que las comunidades y los beneficiarios del programa sepan qué hacer cuando no reciben los pagos esperados.
Para enfrentar el abuso de los poderes extraordinarios, es importante especificar por adelantado el alcance y la duración de esas facultades.
Con todas estas medidas, se necesita un seguimiento y una comunicación diligentes para garantizar la rendición de cuentas y mantener la confianza. Las disposiciones transitorias, adoptadas en nombre de la rapidez, se deben revertir también a medida que la emergencia desaparece.
También es importante mantener la atención puesta en el programa de lucha contra la corrupción más general. Es probable que las medidas para responder a la pandemia de COVID-19 aumenten los riesgos y los actos de corrupción relacionados con los flujos financieros ilícitos , y pueden, además, promover nuevos peligros, impulsados por el robo y la desviación de fondos, tales como el uso de sociedades ficticias y de otras estructuras anónimas registradas en paraísos fiscales para asegurar contratos públicos y préstamos o subsidios, entre otros. Las respuestas normativas para enfrentar estos riesgos, como la transparencia sobre la propiedad efectiva y la aplicación de normas contra el lavado de dinero en el sector financiero, cobran una relevancia aún mayor en el contexto de la COVID-19.
La corrupción no es más que uno de los desafíos que enfrentan los sectores públicos sobrecargados. Los riesgos son enormes, pero no insuperables, si existe la voluntad de mitigarlos.
