Por: Lic. Felix Santana Garcia
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Economista, Profesor universitario
Para «El Mundo de la Política», «Dominicana Exterior», y
demás Multimedios de The Ballester Media Group, Inc.
El presupuesto público es una herramienta de carácter financiero, económico y social, que permite a la autoridad estatal planear, programar y proyectar los ingresos y gastos públicos en un periodo fiscal, a fin de que lo programado o proyectado en materia presupuestal sea lo más cercano a la ejecución. El éxito en el manejo y el control presupuestal depende de la adecuada planificación ordenada y evaluada periódicamente.
También se afirma que el presupuesto público es el principal instrumento utilizado por los gobiernos para desarrollar planes y programas de desarrollo.
El presupuesto público debe estar orientado a atender a las necesidades básicas de la comunidad establecidas como fines esenciales del Estado y así dar cumplimiento a los planes y programas de desarrollo económico y social e inversión pública que se proponga la administración.
Muchos tratadistas consideran como gasto público las erogaciones hechas por el Gobierno y sus diferentes dependencias en aras de satisfacer las necesidades colectivas y de mantener en funcionamiento la maquinaria pública. También se entiende como la inversión de los ingresos de las entidades públicas en la satisfacción de las necesidades colectivas.
La productividad del gasto público sigue varias teorías. Autores franceses sostienen que el gasto público es improductivo, en cambio, los autores alemanes afirman que todo gasto público de por sí es productivo.
Conforme el doctor Esteban Jaramillo (1969) ninguna de estas teorías es verdadera pues, en su concepto, los mejores gobiernos son los que procuran el mejoramiento de la comunidad habida consideración de la capacidad económica de los asociados.
Este tratadista sostiene que los gastos públicos son productivos, pero no en el sentido material-como lo toma la empresa privada-, sino en el sentido inmaterial por los servicios que proporciona a la comunidad.
Sin embargo, en determinados casos se producen a la postre beneficios materiales, como cuando el Estado educa a un miembro de la comunidad y lo capacita para producir riqueza, que será grabada en la debida oportunidad.
Lo mismo puede decirse respecto al dinero que el Estado invierte en la salud del pueblo para aumentar su capacidad productiva y la eficiencia para su trabajo, inversión que puede convertir en la generación de bienes de carácter material con el correr del tiempo.
Entre los requisitos para decretar el gasto conforme Jaramillo se cita: El gasto debe corresponder a una necesidad real de la comunidad. Es decir que no deben realizarse gastos en necesidades ficticias encaminadas a satisfacer caprichos de los funcionarios; igualmente, se deben preferir las necesidades más urgentes de la comunidad.
Debe corresponder a servicios que sólo el ente público debe prestar. Los gastos públicos deben someterse a una rigurosa planeación, no solo para evitar gastos absurdos como generalmente se presentan en todos los gobiernos, sino porque en los tiempos modernos ningún Estado está en capacidad de cubrir todas las necesidades.
Entonces se hace necesario hacer un estudio global de ellas para establecer prioridades. Una vez determinadas las prioridades, se debe proceder a realizar los planes y programas.
Le corresponde establecer prioridades del gasto público al presidente de la República, asesorado por el ministro de Hacienda, el director de presupuesto y el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo.
Debe decretarse en armonía con la capacidad económica del país. El dinero destinado al gasto público sale en mayor forma del sector privado, así, los asociados tienen el deber moral y legal de contribuir a la satisfacción de las necesidades de la comunidad.
La capacidad de las personas tiene un límite: nadie está obligado a dar lo que no tiene. Es saludable desde el punto de vista de la política tributaria dejarles un incentivo a los contribuyentes para que no se desalienten en producir más y más riqueza.
Debe haber economía en la recaudación de los ingresos públicos. En ese sentido se requiere que los gobiernos desarrollen mucha sensatez, tino y sabiduría, porque el problema es bastante delicado. Hay que gastar lo que sea necesario y pagar a los funcionarios sueldos acordes con los demás sectores de la administración.
A raíz de la pandemia o Covid-19 muchos de los postulados económicos y financieros ortodoxos han tenido que ser relajados a los fines de hacerle frente a los problemas económicos, de salubridad y social que han surgido. En ese sentido, en vez de constreñir el gasto se aboga por que este sea mayor a los fines de estimular las economías y gastar en lo que sea verdaderamente necesario.
De ahí que la señora Cristalina Gueorguieva, directora del Fondo Monetario Internacional, advirtió al Grupo de las 20 principales economías del mundo que la crisis del coronavirus no ha terminado y pidió a Estado Unidos, Gran Bretaña, México y Brasil, entre otros países, que aumenten el gasto fiscal proyectado actualmente
Ahora bien se debe gastar más pero lo necesario o en lo que se debe gastar ante el derroche o despilfarro que las nuevas autoridades que hoy administran el Estado encontraron el pasado 17 de agosto.
Debido a la oposición de algunos sectores respecto a los nuevos impuestos por más de RD$21,000 millones que acompañaban el Presupuesto General del Estado para el 2021 para su financiamiento parcial del mismo y el cual presentaba un déficit fiscal de un 3% del PIB el Gobierno se vio en la necesidad de retirar dichas cargas tributarias.
Ante esta acción el gobierno ha optado por aumentar el déficit fiscal para el 2021 en casi 5% del PIB y reducir partidas presupuestales a unos 16 ministerios y a unos 6 ministerios aumentarles los gastos conforme la prioridad del Gobierno dominicano.
Para ello el ministro de Hacienda, Lic. Manuel Vicente enviará al congreso nacional la adenda para suprimir los impuestos que se tenían previstos recaudar el próximo año 2021.
Es menester recordar que tal como dice el refrán que reza: no se debe estar tan lejos de la vela que no ilumine ni tan cerca que queme. En buen dominicano no es recomendado que los gastos no se lleven a la mínima expresión que perjudique el desenvolvimiento del aparato estatal ni tan exuberante que se desborden, pues siempre los extremos dañan.
