La situación sociopolítica de los últimos años en Venezuela ha venido acompañada de una crisis económica que genera fuga de capitales y obliga a que compañías de ese país sudamericano y extranjeras emigren en busca de condiciones más estables y un marco jurídico adecuado para operar.
República Dominicana se ha destacado por ser una economía estable y en constante crecimiento, con estabilidad política y un mercado en constante expansión. Esta condición ha sido propicia para que capte parte de las inversiones millonarias de los venezolanos en sectores como el bancario, seguro, aviación y comercio, entre otros.
De 2010 a 2017, República Dominicana recibió US$479 millones en inversión directa desde Venezuela, según estadísticas Banco Central.
La crisis política que arrastra Venezuela desde los gobiernos de Hugo Chávez (fallecido) y su sucesor Nicolás Maduro se da en un contexto en que República Dominicana presenta un clima atractivo para la inversión extranjera, como observa la economista Jacqueline Mora.
“El país está muy bien posicionado en cuanto a los flujos de inversión extranjera que recibe la región, pero creo que podría ser mejor si tuviéramos una Agenda Nacional Estratégica para el desarrollo de la inversión”, dice Mora.
Pero, en algunos casos, la inversión venezolana ha tenido tropezones que, en mayor o menor medida, han creado dificultades en República Dominicana, como los generados en el sector financiero con la quiebra del Banco Peravia y su asociada Unión de Seguros.
En febrero de 2008, cuando cambió su razón social a banco de ahorro y crédito, los ejecutivos de Banco Peravia aseguraban que impactarían en las regiones donde la bancarización era baja. Sin embargo, las buenas intenciones quedaron truncadas con la quiebra de la entidad.
Siete años después, noviembre de 2014, las autoridades tomaron el control del Banco Peravia que ya se encontraba bajo los reclamos de ahorristas que denunciaron ante la justicia la traición de su confianza.
La disolución de este banco no tuvo peso como para poner a temblar la economía, pues sus activos apenas significaron alrededor del 0.18% del sistema. A junio del 2014 sus activos eran de alrededor de RD$2,076 millones.
Según el informe de auditoría, los ejecutivos “establecieron un esquema de operaciones fraudulentas que les permitió extraer los recursos captados del público y los aportes de capital requeridos para cubrir las debilidades que presentaba producto de su inadecuada gestión”.
Señala que se determinaron créditos fraudulentos, que representa un monto de más de RD$1,460 millones, equivalente al 77.64% de total de la cartera de crédito a la fecha de notificación de la disolución, que ascendía a RD$1,881.03 millones.
La Fiscalía del Distrito Nacional pidió a la Policía Internacional (Interpol) la captura de los ejecutivos del Banco Peravia, José Luis Santoro Castellano, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro, principales imputados del fraude.
Otros banqueros venezolanos, que tienen presencia en República Dominicana confrontan problemas en algunos países.
A Leopoldo Castillo, principal directivo del Banco Atlántico de Ahorro y Crédito en República Dominicana, las autoridades de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros en Panamá asumieron el control administrativo y operativo de Seguros BBA (compañía a la que pertenece General de Seguros de República Dominicana), mediante la Resolución NOAL-130 del 16 de mayo de 2018.
Feller Rate, en un informe de calificación, resalta que General de Seguros es parte a Seguros BBA Corp, domiciliada en Panamá.
Jacqueline Mora resalta que, pese a los tropiezos, a la inversión venezolana no hay que temerle. Todo lo contrario, asegura, representa una oportunidad, no solamente por el capital, sino también porque viene acompañada de una inmigración.
Mercado asegurador
El segundo sector que vio cesar las operaciones de dos entidades de capital venezolano fue el mercado asegurador, con la disolución de Unión de Seguros y Seguros Constitución. Unión de Seguros, propiedad del quebrado Banco Peravia, fue intervenida el 4 de agosto de 2014 por la Superintendencia de Seguros, debido a los déficits operacionales que registró.
Para entonces, la Dirección de Inspección de la Superintendencia verificó que las operaciones de esta aseguradora del 31 de diciembre de 2013 hasta el 31 de mayo de 2014 mantenían déficit de la inversión de reservas, índice de liquidez mínima requerida y reclamaciones pendientes de pago a asegurados.
Mientras, a Seguros Constitución las autoridades le revocaron la licencia número 1873, de agosto de 2008, luego de identificar alrededor de 17 faltas graves cometidas en el sector asegurador.
Entre las fallas se identificó que tenía déficit en el índice de liquidez requerido, emitió cheques por concepto de pagos de obligaciones pendientes que no fueron realmente cobrados por sus beneficiarios y mantenía obligaciones contractuales con diferentes reaseguradores locales y del exterior que no están debidamente registradas en la Superintendencia de Seguros.
El 27 de junio de 2018, la Superintendencia de Seguros aclaró que el proceso de liquidación de Seguros Constitución estaba en receso involuntario y contrario a su deseo, en razón de que la compañía aún está en el proceso de una auditoría requerida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Otras inversiones
En República Dominicana hay otras inversiones venezolanas con éxito en el área comercial, la banca y el turismo.
El Grupo Velutini tiene la Plaza Blue Mall Santo Domingo y Punta Cana y el complejo turístico Puerto Marina at Cap Cana. Además, está el grupo Cisneros, con el proyecto ecoturístico Tropicalia y el grupo Cohén, que construyó el centro Sambil Santo Domingo. En el sector bancario están presentes los bancos Activo y Banesco.
Aviación
El capital venezolano también dejó huellas amargas en la aviación dominicana. En 2015 la aerolínea Pan American World Airways Dominicana (PAWA), propiedad del venezolano Simeón García, inició operaciones en el país con ocho aviones, pero apenas tres años después se declaró en bancarrota.
El 26 de enero de este año la Junta de Aviación Civil (JAC) le suspendió el Certificado de Autorización Económica a la aerolínea que volaba con bandera dominicana, debido al incumplimiento de pago de las tasas, servicios aeronáuticos y aeroportuarios y la falta de mantenimiento a los aviones de su flotilla.
De acuerdo a las informaciones, a partir de la suspensión 486 empleados dominicanos se quedaron sin sus prestaciones laborales. Según varios reportes de medios, la aerolínea tiene una deuda millonaria de US$7,800,000.
