La pasada semana tomando como referencia unas declaraciones de la directora de PRO-CONSUMIDOR sobre el tema de las financieras ilegales, dijimos que estas operaban como “chivos sin ley” sin ningún tipo de control por parte de la Superintendencia de Bancos, ni ninguna otra autoridad.
Obviamente nos referíamos al hecho de que al ser ilegales y ampararse en las sombras de la clandestinidad, escapaban por esa razón al conocimiento y supervisión de las autoridades, hasta tanto sus operaciones quedaran al descubierto, por lo general a consecuencia de salir a flote sus turbios manejos. Al presente, mil 749 personas han resultado estafadas por un monto global de 3 mil 22 millones de pesos, que en algunos casos involucra la totalidad de sus ahorros. Llama la atención el hecho de que la mayoría de los afectados son personas de nivel educativo y social. Todos estos casos cursan en el ámbito judicial.
Al día siguiente, con motivo de nuestro comentario, recibimos una llamada del titular de la Superintendencia de Bancos pidiéndonos pasar por el organismo para ponernos al corriente de las medidas que se han venido tomando a fin de poner freno a la situación originada por estas actividades realizadas al margen de las regulaciones y autoridades financieras.
A Luis Armando Asunción lo conocemos de hace tiempo, como mucho antes a su padre, ya desaparecido, periodista de su mismo nombre que destacó por su espíritu combativo y gran calidad profesional, en especial en el tenso período de los doce años de Balaguer. A su hijo, se le reconoce el eficiente trabajo que ha venido realizando al frente de la Superintendencia de Bancos con vigilante dedicación y probidad.
Durante el encuentro con funcionarios de la institución quedamos al corriente de los pasos que ha venido dando el organismo para prevenir y perseguir este tipo de acciones de esta clase de negocios ilegales que operan en la sombra, y por lo general terminan por convertirse en dolosas.
En este sentido las medidas adoptadas por la Superintendencia se orientan en una doble dirección. Por un lado, alertar a la ciudadanía sobre el riesgo que conlleva confiar sus recursos a este tipo de empresas mal llamadas financieras en los medios de prensa por vicio de costumbre. A ese fin, el organismo ha venido manteniendo campañas públicas de advertencia, en tanto en su página web de acceso libre, figura el listado de las únicas empresas de intermediación que operan legalmente en el mercado, están debidamente registradas y autorizadas para captar fondos del público.
Y por otra parte, mediante la creación de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, en coordinación con la Procuraduría General de la República. La misma es financiada por la Superintendencia de Bancos, que le ha provisto de local propio, debidamente equipado, contando además con un generoso aporte solidario de 100 mil euros del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, consistente en una red de 20 computadoras para el uso de los investigadores, analistas y fiscales los cuales también fueron debidamente entrenados por el organismo.
La Unidad fue creada en diciembre del 2016 y desde entonces ha venido operando. Funciones específicas de la misma consisten en “establecer y perseguir los delitos relacionados con el Sistema Financiero”, y dentro de ese contexto investiga y procesa a los responsables de operaciones de intermediación ilegales, a los autores de actos fraudulentos en perjuicio de personas y entidades del sistema así como a sus directores, funcionarios, auditores y empleados.
Ahora bien, no todo el peso de la responsabilidad puede recaer sobre las autoridades. El trabajo de esta requiere de la estrecha colaboración del público. Hay que insistir una vez mas en la necesidad de que la ciudadanía se mantenga alerta y que no se deje seducir por la tentadora pero ilusoria oferta del pago de intereses que excede con mucho la tasa que ofrece la banca comercial, y que en definitiva termina por resultar de imposible cumplimiento cuando la base de la pirámide levantada sobre arena movediza comienza a ceder y desmoronarse.
Los mecanismos de advertencia, prevención y persecución están creados por la Superintendencia de Bancos y se mantienen en alerta permanente. Solo resta que la codicia no nuble el entendimiento de la gente para que no caigan en el gancho de prometidos y exagerados beneficios que más temprano que tarde terminan por convertirse en amarga desilusión y dolorosa pérdida.
