CAF –banco de desarrollo de América Latina- presentó el Reporte de Economía y Desarrollo 2018 “Instituciones para la productividad: hacia un mejor entorno empresarial”, un informe que realiza un diagnóstico sobre los problemas de productividad y las acciones para alcanzar un mayor crecimiento productivo en América Latina.
En la actividad, que tuvo lugar en el auditorio del nuevo edificio de CAF, estuvieron presentes Germán Ríos, representante de CAF en Uruguay, y Guillermo Alves, economista principal de la Dirección de Investigaciones Socioeconómicas de CAF.
Una de las principales conclusiones a las que arribó el trabajo es que América Latina necesita trabajar en el diseño y la implementación de una agenda de reformas institucionales para mejorar el entorno donde operan las empresas, para de esta forma promover la eficiencia en la asignación de recursos y la innovación y así aumentar la productividad.
“En 1960 el producto por habitante de América Latina era aproximadamente el 20% del de Estados Unidos. Hoy, después de casi seis décadas, ese rezago es prácticamente el mismo. América Latina tiene el desafío fundamental de reducir significativamente la enorme brecha de ingresos por habitante respecto a los países más desarrollados”, sostiene el reporte.
La investigación también explica que el déficit de productividad en la región se asocia a dificultades en el proceso de entrada y salida de empresas, a la baja innovación o crecimiento de la productividad de aquellas que perduran, y a una ineficiente distribución del empleo y capital entre las empresas, incluyendo a aquellas que están en la informalidad.
El problema de la productividad es transversal y se encuentra en todos los sectores que conforman la economía, evidenciándose un rezago considerable en relación a los países líderes. Dado este diagnóstico, el reporte se concentra en las instituciones en cuatro ámbitos que afectan el entorno de las empresas más allá del sector al que pertenezcan: el grado de competencia, el acceso a insumos y cooperación entre compañías, las relaciones laborales y el financiamiento.
En cuanto al grado de competencia, la evidencia muestra que las economías de América Latina presentan mercados en los que el nivel de competencia es menor en comparación con regiones más desarrolladas, hecho que se ve reflejado en altos márgenes de precios, especialmente en el sector servicios. Por otra parte, la región parece poner más trabas que otros países a la competencia, en particular bajo la forma de permisos y licencias. A modo de ejemplo, en Brasil y Costa Rica, el 72% y el 63% de las empresas respectivamente consideran que este es un obstáculo importante. En tanto, en Chile y Uruguay, menos del 22% y 24% de las empresas respectivamente sostienen que esto es un problema.
El documento sugiere que para mejorar este aspecto es de vital importancia incrementar las capacidades técnicas y la independencia de las agencias de defensa de la competencia, reducir las barreras de ingreso a las compañías y profundizar el comercio internacional, que aún se encuentra limitado por la vía de trabas arancelarias, barreras no arancelarias y una baja calidad de la infraestructura logística.
En relación al acceso a insumos y la cooperación entre empresas, el reporte muestra que las compañías de la región en promedio utilizan relativamente menos insumos que las de países desarrollados, en especial importados. Esto podría indicar pérdidas de productividad vía una menor especialización productiva y una menor participación en las cadenas globales de valor. El reporte recomienda realizar mejoras en la integración comercial entre los países de la región y con el resto del mundo, mejorar la regulación en los servicios clave (electricidad, transporte, finanzas) y promover la consolidación de clústeres y cadenas de valor.
Por su parte, la asignación de la fuerza de trabajo en el continente muestra una importante brecha de género, un mal emparejamiento entre las habilidades de los trabajadores y los requerimientos de los puestos de trabajo y una concentración en empleos informales y de baja productividad.
Durante la presentación también se llevó adelante un panel en el que participaron Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Sebastián Pérez, asesor económico de la Cámara de Industrias del Uruguay; Alejandra Picco, asesora económica del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT; y Néstor Gandelman, doctor en Economía y profesor de la Universidad ORT.-.
