Albizu se opone a iniciativa legislativa que permitiría retiro de hasta un 30% de los fondos de pensiones

Albizu se opone a iniciativa legislativa que permitiría retiro de hasta un 30% de los fondos de pensiones

El gobernador del Banco Central (BCRD) y presidente de la Junta Monetaria, Héctor Valdez Albizu, expresó su oposición a la modificación de la Ley No. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que permitiría a los afiliados a las administradoras de fondos de

pensiones (AFP) el retiro de hasta un 30% de sus ahorros, “por las consecuencias negativas y perversas sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, la estabilidad y el crecimiento económico”.

En un artículo sobre el tema, Valdez Albizu consideró desafortunada e improcedente esta propuesta legislativa puesto que habría que disponer de más de RD$173,000 millones para devolver en efectivo a los afiliados, lo que implicaría un aumento desproporcionado de la emisión monetaria de más de un 64% respecto al nivel actual.

En adición, alertó que esta situación generaría un exceso de demanda de bienes y servicios que, en la coyuntura actual, con una producción ralentizada, provocaría altos niveles de inflación que reducirían el poder adquisitivo de las personas, deteriorando el valor de sus ingresos y ahorros, y por ende su capacidad de consumo, lo que afectaría de manera más perniciosa a los hogares vulnerables y de menores ingresos e incrementaría los niveles de pobreza.

“Estaríamos como nación propiciando convertir una crisis sanitaria de carácter transitorio en una crisis económica y financiera más permanente que requeriría años revertir”, sentenció Valdez Albizu.

El gobernador añadió que dicho proceso inflacionario y de mayor incertidumbre en los agentes económicos se traspasaría al mercado de divisas a través de un exceso de demanda de moneda extranjera, ocasionando una depreciación desproporcionada del tipo de cambio, generaría fuga de capitales y frenaría la inversión extranjera directa.

Consideró que el único resultado de dicha propuesta sería “un retroceso a un escenario de crisis similar al del año 2003, que generó un costo para el país en torno a un 20% del producto interno bruto”.

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