Por: Lic. Félix Santana García
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Economista y Profesor Universitario
Para «El Mundo de los Negocios», «El Mundo de la Política», y
demás Multimedios de The Ballester Business Group, Inc.
El 24 de Noviembre de 2020 al cumplirse los cien días del nuevo Gobierno de la República Dominicana, el cual asumió sus funciones el 16 de agosto de 2020, el presidente electo señor Luis Rodolfo Abinader Corona, pronunció un discurso a toda la nación mediante el cual resaltaba sentirse honrado no solo por ser el primer mandatario del país sino por ser un servidor público.
En dicho discurso el señor Abinader Corona citando al presidente Norteamericano Theodore Roosevelt, expresó que: “Una democracia debe progresar o pronto dejará de ser grande o democracia”.
La democracia necesita de un pueblo comprometido con los valores supremos que encarna este sistema de valores, un gobierno y una arquitectura institucional que pueda dar desarrollo pleno a esos valores y consolidar una democracia de calidad.
Y para ello, unas instituciones sólidas son la piedra angular y sustento de una democracia verdadera.
Las instituciones constituyen una parte fundamental en el sistema democrático.
Solo la institucionalidad puede ser garante de la certidumbre de una sociedad que quiere progresar en paz y con justicia.
Por eso el señor impartió instrucciones a la consultoría jurídica del poder ejecutivo para que redacte, las iniciativas de reformas democráticas que deberán revertir radicalmente el proceso de deterioro institucional de la nación dominicana.
Soy un fiel convencido de que uno es lo que hace y no lo que dice que hace o hará.
Soy algo más que el presidente de la República, soy el primer servidor público de mi pueblo, y a ello me debo, expresó en su alocución el primer mandatario dominicano.
Y a seguidas agregó: Las instrucciones que al efecto he impartido van dirigidas a los siguientes aspectos:
Propiciar una reorganización racional del Poder Ejecutivo que permita una gestión coordinada y especializada de los programas nacionales de desarrollo.
Disponer la creación de voluntariados para la gestión de hospitales públicos, en los que participen los representantes de las iglesias y entidades de la sociedad civil de cada comunidad.
Proponer la modificación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, 200-04, para que sus disposiciones se conformen al estándar interamericano con la finalidad de que los ciudadanos tengan mayor acceso a la información pública.
Promover, igualmente, la aprobación de la Ley General de Publicidad Estatal para establecer los criterios en el uso de los recursos que las instituciones del Gobierno destinarán a la publicidad.
Evaluar y plantear la modificación de la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Controlaría General de la República, a fin de que se realicen auditorías internas por lo menos una vez al año en todas las instituciones de carácter público.
Igualmente impulsar la modificación de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, a fin de adecuarla al marco constitucional vigente y otorgarle mayor autonomía presupuestaria y de control.
Fortalecer, las labores de representación, fiscalización, control y legislación, conferidas por la Constitución de la República a Senadores y Diputados, de modo que los llamados barrilitos y cofrecitos; sean eliminados de manera definitiva.
Impulsar la revisión y actualización de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones para establecer el procedimiento de compras en “estado de excepción” y los procedimientos para las compras especiales.
Sobre el tema de la Mujer y de la Infancia. Promover la adecuación y modernización de la Ley de Prevención de Violencia contra la Mujer hacia una Ley Orgánica e Integral sobre los Derechos de la Mujer.
Introducir un proyecto de Ley que cree el subsistema de primera infancia con la finalidad de prevenir, tipificar y sancionar la violencia física y metal, la explotación sexual, la trata, el trabajo infantil y el abuso contra los niños y niñas.
Promover una reforma integral y consensuada de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios a una Ley Orgánica de la Administración Local, armonizada con el marco constitucional vigente y con la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Introducir una modificación a la Ley No. 142-15 para convertir el Consejo Económico Social (CES) en un espacio de concertación plural, equitativo y participativo.
Apoyar la modificación de la Ley 140-15 del Notariado y que instituye el Colegio Dominicano de Notarios, con la finalidad de armonizarla con la Constitución y con la realidad económica y social dominicana.
Sobre Investigación Criminal. Revisar y modificar la Ley No. 454-08 que crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para lograr su fin científico, eliminando los conflictos de intereses de su órgano de dirección y otorgándole autonomía presupuestaria y administrativa.
Dentro de ese marco y siendo coherente con sus propuestas relativas a la organización del Estado y control del gasto, el señor Luis Abinader Presidente Constitucional de la República dejó constituido mediante el Decreto No. 695-20 el Gabinete de Transparencia, Prevención y Control de Gasto Publico.
El mismo tiene por objeto impulsar dentro de la Administración Pública las políticas, directrices y mecanismos para atender los desafíos de ética, transparencia, eficiencia y efectividad de la inversión y el gasto público.
Dicho Gabinete quedó constituido por: El Ministerio de Hacienda, La Contraloría General de la República, La Tesorería Nacional, Dirección General de Presupuesto, Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, quien lo presidirá,
Asimismo por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, la cual ejercerá la Dirección Ejecutiva, La Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana y la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
Ante tan valiosas iniciativas del señor Presidente de la República, es menester proponer que como parte de la Reforma y Modernización del Estado incluir la modificación de la Ley Orgánica de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental No. 126-01.
Esto así a los fines de que dicha institución de la contaduría pública pueda tener mayor incidencia en las Unidades Contables de las distintas instituciones del gobierno y garantizar informes financieros y económicos de mayor calidad y transparencia a las autoridades financieras del Estado, fiscalizadoras y legislativas para la toma de decisiones a tiempo.
