La sostenibilidad de la deuda de algunos países de alto riesgo ha sido objeto de un amplio debate. Sin embargo, la carga de la deuda pública es un problema creciente en todo el mundo.
En los países avanzados, la deuda pública se sitúa en niveles que no se habían registrado desde la Segunda Guerra Mundial, aunque ha disminuido más recientemente. La deuda pública de los países de mercados emergentes se encuentra en niveles vistos por última vez durante la crisis de la deuda de los años ochenta. Además, el 40% de los países de bajo ingreso —es decir, 24 de 60 países— se encuentran en alto riesgo de situación crítica causada por el endeudamiento, es decir, la incapacidad de atender el servicio de la deuda pública, lo cual podría alterar considerablemente la actividad económica y el empleo. Por lo tanto, no es sorprendente que, como país que preside el G-20, Japón haya considerado la sostenibilidad de la deuda como un tema prioritario de la agenda del G-20.
Los elevados niveles de deuda sin precedentes no son necesariamente un problema cuando las tasas de interés reales son muy bajas, como ocurre actualmente en muchas economías avanzadas. Sin embargo, los altos niveles de deuda pueden dejar a los gobiernos mucho más vulnerables al endurecimiento de las condiciones financieras mundiales y al aumento de los costos de las tasas de interés. Esto podría provocar correcciones en los mercados, fuertes movimientos del tipo de cambio y un mayor debilitamiento de los flujos de capital.
Evidentemente, no toda la deuda es mala. De hecho, los préstamos pueden desbloquear recursos vitales para la inversión en infraestructura, salud, educación y otros bienes públicos. La inversión en capacidad productiva, cuando se hace de forma correcta, genera un aumento del ingreso que puede compensar el costo del servicio de la deuda. Además, parte del aumento de la deuda, especialmente en las economías avanzadas, ayudó a apuntalar el crecimiento tras la crisis financiera mundial y evitar un desenlace peor.
Los problemas surgen cuando la deuda ya es elevada y los recursos provenientes de nuevos préstamos no se gastan con prudencia (por la corrupción, la debilidad de las instituciones u otros motivos), o cuando un país se ve afectado por desastres naturales o shocks económicos, como la reversión repentina de los flujos de capital que afecta a su capacidad de pagar la deuda. Actualmente, algunos países de mercados emergentes se enfrentan a este último desafío.
Pero normalmente son los países de bajo ingreso los que se enfrentan a los desafíos más difíciles en lo que se refiere a la deuda y también suelen estar menos preparados para responder a estos desafíos.
Muchos de estos países tienen una gran necesidad de generar recursos adicionales para el desarrollo, y acaban recurriendo cada vez más al financiamiento externo a través de emisiones de bonos soberanos, préstamos de nuevos prestamistas oficiales, y crédito de acreedores comerciales extranjeros. Los bonos soberanos y los créditos comerciales suelen tener tasas de interés más altas y vencimientos más cortos, lo que incrementa el costo del servicio de la deuda y complica la tarea de gestionarla.
Si bien la diversificación de las fuentes de financiamiento tiene ventajas, también crea nuevos desafíos para gestionar la deuda y, si es necesario, abordar su reestructuración, ya que no disponemos de mecanismos establecidos para la coordinación de los acreedores que incluyan a nuevos acreedores.
¿Qué pueden hacer los prestamistas y los prestatarios? Tres prioridades en materia de políticas pueden ayudar a cambiar la situación.
Primero, es necesario redoblar los esfuerzos para asegurar que el endeudamiento soberano sea sostenible desde el punto de vista financiero. Los prestatarios deberían definir cuidadosamente sus planes de gasto público y déficit fiscal para mantener la deuda pública en una trayectoria sostenible. También deberían considerar detenidamente el rendimiento potencial de sus proyectos y su capacidad de reembolso a través de un aumento de los ingresos tributarios antes de contraer nueva deuda. Los prestamistas deben evaluar el impacto de los nuevos préstamos en la posición de deuda del prestatario antes de otorgar nuevos créditos. Esto protegerá tanto al prestamista como al prestatario de celebrar acuerdos que les causarán dificultades financieras en el futuro.
Segundo, debemos cerciorarnos de que todos los países declaren información exhaustiva y transparente sobre la deuda pública. En muchos países en desarrollo, existe margen para fortalecer significativamente las instituciones que se encargan de registrar, supervisar y declarar la deuda. Por ejemplo, un tercio de los países de bajo ingreso no declara información sobre las garantías otorgadas por el sector público, y menos de uno de cada diez países presenta información sobre la deuda de las empresas públicas. Los deudores disponen de margen para permitir una divulgación más completa de los términos y condiciones de sus préstamos. Una mayor transparencia en relación con los pasivos de deuda pública puede ayudar a evitar la acumulación de grandes pasivos «ocultos» que acaban transformándose en deuda explícita del gobierno.
Tercero, es necesario promover la colaboración entre los acreedores oficiales a fin de prepararse para los casos de reestructuración de la deuda en los que participen prestamistas no tradicionales. Teniendo en cuenta el alto nivel de deuda mantenido por los nuevos acreedores, debemos pensar en qué podemos hacer para que la coordinación entre los acreedores oficiales sea eficaz, ya que a menudo es esencial para la resolución de las crisis de deuda.
En cuanto al FMI, junto con nuestros socios institucionales, estamos trabajando en estrecha colaboración con los países miembros para reforzar su capacidad de registrar y gestionar la deuda, así como para garantizar su transparencia. Estamos reforzando nuestras metodologías para evaluar la sostenibilidad de la deuda y capacitando a los funcionarios de los países miembros para que puedan utilizarlas. Además, estamos trabajando activamente con los nuevos prestamistas, en particular para reforzar su capacidad de participar en las reestructuraciones de la deuda multilateral, en caso de que sea necesario.
En las décadas de 1980 y 1990, se necesitaron años de duras negociaciones para resolver las crisis de la deuda en América Latina y luego en los países pobres muy endeudados. Además, los estudios y eventos ya han puesto de relieve cómo el sobreendeudamiento afecta a la recuperación económica en las economías avanzadas. Es necesario prever los riesgos inherentes a la actual acumulación de deuda y tomar las medidas adecuadas para mitigarlos.
