Las negociaciones internacionales para que los gigantes digitales tengan que pagar impuestos en los países donde operan y no solo donde tienen su sede siguen en pie, pero la esperanza de un compromiso ha quedado pospuesta al año próximo.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que pilota esa negociación en la que están implicados 137 países, anunció este lunes que ahora el objetivo es que haya una solución global “como muy tarde para mediados de 2021”.
Su secretario general, Ángel Gurría, se esforzó en ver el vaso medio lleno al subrayar que con la última reunión de los pasados 8 y 9 de octubre todos esos países han realizado progresos sustanciales y tienen “una base sólida para una solución global”, que él mismo va a presentar este miércoles a los ministros del G20.
Gurría tampoco ocultó la perspectiva de que termine este nuevo plazo sin compromiso, lo que significaría que “se multiplicarán las acciones unilaterales” de los países que crearán sus propias tasas digitales nacionales, que a su vez tendrán su respuesta en forma de sanciones de otros países que se sentirán perjudicados, en primer lugar de Estados Unidos.
El exministro mexicano dijo que la OCDE no puede evitar que los países que ya han preparado sus dispositivos fiscales para imponer a las grandes compañías digitales -hay varios en Europa, como Francia o España-, los pongan en marcha antes de agotar el nuevo plazo, porque “son soberanos”.
Pero sí lanzó un mensaje en su dirección al insistir en que hay que apostar por “una solución multilateral”, y recordó que los países europeos que ya han legislado han optado hasta ahora por no aplicar esas nuevas tasas, de la misma forma que Washington también ha dejado en suspenso los aranceles con los que les ha amenazado.
A tres semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos cuyos resultados se presumen claves para la marcha de la negociación internacional, la OCDE ha querido dejar claro que Washington está participando plenamente en el proceso negociador y que su posición es compartida por los dos grandes partidos, el Republicano y el Demócrata.
El llamado “Marco Inclusivo” que pilota la OCDE ha establecido los principios para que si hay compromiso las grandes compañías del sector digital estén obligadas a pagar impuestos en los países donde tienen efectivamente su actividad (y sus clientes) y no solo en las jurisdicciones que hayan elegido como sedes, por lo general porque allí la fiscalidad es muy clemente.
Se trata de establecer una atribución más justa de sus beneficios con un dispositivo que al mismo tiempo garantice que se evita la doble imposición y de una forma simple y fácil de aplicar.
Las discusiones no se limitan a la fiscalidad digital, sino que (a iniciativa sobre todo de Estados Unidos) también cubren el objetivo de instaurar un tipo mínimo mundial en el impuesto de sociedades para impedir que los paraísos fiscales sean utilizados por las empresas para implantar allí sus sedes y eludir pagar impuestos.
En ese caso, se podría recuperar una parte del impuesto sobre los beneficios de multinacionales en los países en las que tienen negocio cuando esas empresas no pagan nada o un tipo bajísimo en las jurisdicciones en las que se han domiciliado.
La creación de un impuesto de sociedades mínimo a escala global, de acuerdo con las estimaciones de los expertos del Marco Inclusivo generaría US$100,000 millones de anuales de ingresos fiscales.
Y la puesta en marcha de un dispositivo multilateral para las grandes empresas del sector digital supondría la redistribución de otros €100,000 millones.
Es decir, que claramente habría ganadores y perdedores entre los beneficiarios de esos impuestos. Gurría, sin embargo, trató de convencer de que lo que sugieren sus análisis es que “todos ganan”, incluidas las compañías sometidas a mayores impuestos porque se beneficiarán de una mayor “certidumbre legal” y todas serían tratadas con el mismo rasero.
