El envío al Congreso Nacional del Proyecto de Presupuesto General del Estado del 2021 ha puesto de relieve las gravísimas distorsiones que arrastra nuestro modelo político en materia de la correcta planificación, gestión y control de los recursos públicos. Pese a que desde hace años diferentes instituciones internacionales y locales ha identificado un conjunto de prácticas históricas que sustentan el clientelismo, el despilfarro, la falta de transparencia y la impunidad, la sociedad dominicana está mostrando su preocupación ante la reiteración de esos errores en el Proyecto de Presupuesto del 2021.
En concreto, para la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) es urgente que el Congreso Nacional revise y corrija las partidas consignadas en el Proyecto de Presupuesto bajo la denominación de “Administración de Contribuciones Especiales”, ya que a todas luces parecen responder a las prácticas que hemos señalado. Se ha establecido que las partidas presupuestarias que en los últimos años se han disfrazado como “asistencia social” en realidad se han convertido en un instrumento que desvirtúa la función constitucional de los legisladores.
Bajo el pretexto de asistir a las comunidades en tareas de salud, reparación de viviendas, ayuda por defunciones y otras formas de encubrimiento, en el Presupuesto del Senado y la Cámara de Diputados se han dilapidado miles de millones de pesos en los llamados Barrilitos, Cofrecitos, dietas, exoneraciones de dos vehículos, aportes para contribuir a festividades populares, etc.
Resulta preocupante que, tanto en las partidas del Senado de la República como en las de la Cámara de Diputados, reaparezcan estos conceptos sobre los cuales se esperaba una superación de los mismos y que constituyó una importante promesa electoral de candidatos y agrupaciones políticas.
En el marco de la situación sanitaria, social y económica que prevalece por efecto de la pandemia, aplaudimos el gesto de algunos legisladores de renunciar voluntariamente a dichos privilegios. Por esto resultaría contraproducente que desde el Congreso se respaldara una medida de esta naturaleza, destinando recursos del Estado para acciones que desnaturalizan sus funciones esenciales de representación, legislación y fiscalización.
En otro orden, tal como se ha destacado en los medios de comunicación social en los últimos días, consideramos inaceptable la práctica de incluir nuevas figuras impositivas que vulneran el orden jurídico y lesionan la institucionalidad democrática, generando riesgos innecesarios para la seguridad jurídica del país y el clima de inversiones. Agravado lo anterior por el hecho de que no ha existido previamente ninguna iniciativa para propiciar un amplio consenso nacional o un diálogo formal previo.
Como hemos reiterado en otras ocasiones, la República Dominicana debe abocarse a explorar, identificar, definir y aprobar soluciones viables que permitan superar los retos que ha generado la pandemica. Sin embargo, debemos estar alertas ante medidas, sugerencias, o recetas que conducen a una desnaturalización de las instituciones del Estado o las funciones públicas.
El Congreso Nacional se encuentra con una nueva oportunidad de sobreponerse a las presiones de quienes desean perpetuar un régimen de privilegios que es ilegal, que viola la razonabilidad de sus actos y lastima la confianza social en el Primer Poder del Estado.
