Fuente: https://blogs.worldbank.org/
Mientras dura la pandemia del coronavirus (COVID‑19), Gobiernos y servicios de emergencia están centrados en las necesidades inmediatas: aumentar la capacidad de los hospitales, hacer frente al hambre y proteger a familias y empresas frente a desalojos y quiebras. Buena parte de los fondos que en estos momentos fluyen desde el Banco Mundial, el FMI, otros bancos regionales de desarrollo o los bancos centrales se destinan a proporcionar recursos para equipos de protección en los hospitales, estabilizar las instituciones financieras, pagar a las empresas para que suministren bienes y servicios a los trabajadores esenciales o prestar apoyo monetario directo a los hogares.
Al mismo tiempo, en algunos países se han iniciado ya los trabajos preliminares sobre cómo debe ser la próxima fase de recuperación y sobre la función que debe desempeñar una acción pública enérgica para impulsar la demanda, proporcionar ingresos de sustitución y facilitar nuevas inversiones. En un artículo anterior señalamos que la fase de recuperación puede ayudar a crear prosperidad y resiliencia al contribuir al potencial de los países en su camino hacia el desarrollo, así como a su sostenibilidad a largo plazo. Algunos países transmiten señales alentadoras, entre ellos China (i), Alemania (i) y Corea del Sur (PDF, en inglés), donde los factores medioambientales se están considerando como parte de la recuperación.
Las decisiones que tomen los Gobiernos para volver a poner en marcha su motor económico —entre ellas las referidas a los beneficios sociales, económicos y ambientales combinados a largo plazo que tratan de lograr mediante sus inversiones de estímulo— tendrán repercusiones trascendentales a la hora de garantizar que se pueda volver a construir mejor y con mayor solidez.
Una lista de verificación de la sostenibilidad
Son muchos los factores que los Gobiernos deben sopesar a la hora de elaborar su paquete de estímulos: las necesidades inmediatas, la capacidad institucional local, las condiciones del mercado, el margen de maniobra para obtener préstamos y el legado de las decisiones de inversión en infraestructura adoptadas en el pasado. Otros criterios que se deben evaluar en las intervenciones o inversiones de estímulo son su potencial de creación de empleo, el tiempo que lleva la puesta en marcha del proyecto, la posibilidad de que los fondos públicos ayuden a movilizar financiamiento privado para seguir apoyando un proyecto y el impacto en la trayectoria del carbono a largo plazo del país.
y el impacto en el capital físico, natural y humano. Para proporcionar esta orientación más detallada a los responsables de formular políticas hemos elaborado un borrador de una lista de verificación de la sostenibilidad (que se perfeccionará en los próximos meses) que los ministerios pueden utilizar para evaluar o clasificar las propuestas de estímulo.
Muchos Gobiernos cuentan ya con elaborados protocolos de toma de decisiones, por lo que esta lista debe considerarse como una orientación complementaria, parte de nuestra contribución a los debates en curso sobre las vías de recuperación sostenible.
Este listado de verificación se basa en gran medida en los análisis de la crisis económica de 2008 y, en particular, considera si son necesarios cambios normativos o institucionales complementarios para garantizar que los proyectos estén listos para su implementación. Una de las principales enseñanzas (PDF, en inglés) de los programas de 2008-09 fue que el hecho de no promulgar reformas básicas del mercado o políticas de apoyo colocó a muchos proyectos ecológicos en situación de desventaja con respecto a tecnologías preexistentes o los dejó sin el impulso necesario para modificar enfoques de desarrollo vigentes desde hacía tiempo.
Puede aplicarse a listados de proyectos existentes —por ejemplo planes nacionales de desarrollo, planes maestros de transporte o de recursos hídricos, o las contribuciones determinadas a nivel nacional en el marco del Acuerdo de París— o a propuestas nuevas creadas específicamente para los estímulos posteriores a la COVID‑19. Abarca dos escalas temporales: la de las necesidades a corto plazo para crear el mayor número posible de empleos, ingresos y demanda económica lo antes posible, y la de las necesidades a largo plazo para lograr un crecimiento y una prosperidad sostenibles.
A corto plazo, hay tres consideraciones principales:
- Creación de empleo, en la que se toma en cuenta el número de trabajos creados por cada dólar invertido, pero también los tipos de trabajos creados y quiénes se benefician de ellos, así como la adecuación entre las aptitudes necesarias y las disponibles en la fuerza laboral a nivel local.
- Impulso a la actividad económica, centrada en el efecto multiplicador económico (i) que puede aportar cada intervención, la capacidad de un proyecto para sustituir directamente la demanda que falta y sus repercusiones en los niveles de importación o en la balanza comercial nacional.
- Oportunidad y riesgo, en la que se evalúa si el proyecto genera beneficios en el estímulo y el empleo a muy corto plazo y si son duraderos incluso ante la posible reimposición de medidas locales de cuarentena.
A largo plazo, un proyecto también debe brindar su apoyo a los países en tres dimensiones diferentes:
- Potencial de crecimiento a largo plazo, en la que se considera su impacto en el capital humano, natural y físico. Por ejemplo, algunos proyectos funcionan mejor en el perfeccionamiento del capital humano, al fomentar las aptitudes y la salud futuras de la población, especialmente si se puede reducir la contaminación del aire y el agua, o mejorar el acceso al agua potable. Otros pueden promover el uso de tecnologías más eficientes, proporcionar importantes bienes públicos como modernas fuentes de energía o saneamiento, o abordar las deficiencias del mercado, como subsidios que distorsionan el mercado y que son obstáculos para el crecimiento a largo plazo.
- Resiliencia frente a perturbaciones futuras, con intervenciones para fortalecer la capacidad de las sociedades y las economías para hacer frente a las perturbaciones externas y recuperarse de ellas, como la actual COVID‑19, pero también otras formas de desastres naturales y los futuros efectos del cambio climático.
- Trayectoria de descarbonización y crecimiento sostenible, con medidas de apoyo y difusión de tecnologías verdes, como inversiones en redes que faciliten el uso de energía renovable y vehículos eléctricos, u opciones de baja tecnología como la reforestación y la restauración y ordenación de paisajes y cuencas hidrográficas. De especial importancia será asegurar que en los próximos decenios las inversiones de los paquetes de estímulo no impongan a la economía grandes costos de activos bloqueados porque, por ejemplo, apuestan por tecnologías en declive o ubican proyectos en zonas de alto riesgo de inundación.
Orientar a los responsables de las políticas en materia de recuperación
Los Gobiernos que pretendan aplicar este marco tal vez deseen utilizarlo en dos fases.
En primer lugar, puede utilizarse como una evaluación rápida del tipo “sí, no, tal vez”, mediante la que se identifica a los “peores candidatos”. El objetivo es que los Gobiernos no inviertan en proyectos que puedan resultar atractivos por sus características de estímulo pero que sean perjudiciales a largo plazo.
En una segunda fase, los indicadores propuestos pueden ayudar a los encargados de la adopción de decisiones a establecer prioridades entre los proyectos restantes, a través de la identificación de los “mejores de su clase” que aportan múltiples beneficios a la sociedad.
Los responsables de formular políticas tienen mucho que hacer en estos momentos, y los planes de recuperación económica no pueden avanzar más rápido que los esfuerzos para abordar la actual crisis sanitaria. Sin embargo, mientras los Gobiernos están centrados en la recuperación, las decisiones que tomen los países definirán cómo será el mañana y si somos más capaces de gestionar las futuras crisis mundiales. Esperamos que esta lista de verificación haga un poco más fácil la adopción de esas decisiones.
